TIJUANA, B.C.- Lunes 13 de mayo de 2019.- El Gobierno de Baja California está tomando decisiones responsables en el tema de refinanciamiento de sus compromisos financieros, así como en el impulso a proyectos de Asociaciones Público-Privadas prioritarias para la entidad, con el objetivo de dejar una situación financiera sana a la próxima Administración estatal, al buscar las mejores condiciones para el Estado.
En relación a las declaraciones emitidas recientemente por líderes empresariales, el Gobierno del Estado afirma que desde hace algunas semanas se acordó la realización de mesas de trabajo con ellos, ya que muchas de las cifras mediante las cuales llevan a cabo su análisis no son correctas.
Es así que desde el mes de enero de este año, se puso a disposición diversa información solicitada, la cual se ha ido complementando según se ha solicitado. De igual forma, se llevarán a cabo reuniones que les permitan mayor comprensión y claridad sobre las decisiones tomadas en este tema.
El refinanciamiento de los compromisos estatales, es un acto de responsabilidad que busca cumplir con la Ley de Disciplina Financiera y permitir un arranque más fluido al nuevo gobierno, utilizando mecanismos como el bono cupón cero (BCC), aprobados por el Gobierno Federal.
Es un acto de responsabilidad buscar mejores perfiles de deuda, mejorar las condiciones contractuales de cada crédito para evitar costos financieros mayores, evitar sanciones económicas para la degradación de calificaciones crediticias, incumplimientos, y otras situaciones que enfrenta el Estado causadas por problemas estructurales de hace décadas en temas como educación, pensiones y salud, principalmente.
En cuanto al tema de las Asociaciones Público Privadas, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado destacó la transparencia en todos los procesos de licitación y contratación de las Asociaciones Público-Privadas, sin tener inconformidad alguna por parte de las empresas que no resultaron ganadoras.
En las reuniones con los representantes empresariales se han presentado los estudios de aforo que soportan las estimaciones de los vehículos que se proyecta aprovecharán la vialidad “Periférico Tijuana”, mostrando que los números estimados son conservadores, por lo que se espera incluso superar la expectativa en cuanto a su beneficio.
En el caso de la Desalinizadora de Playas de Rosarito, se trata de un proyecto fundamental, que asegurará el desarrollo de la Zona Costa del Estado, que ya enfrenta un déficit de agua que ha llevado a limitar el asentamiento y crecimiento de diversos proyectos al no poder proporcionarles la factibilidad del servicio de agua.
El precio del metro cúbico de agua que proveerá la Desalinizadora Playas de Rosarito, es considerablemente mejor al de otros proyectos similares del país, como el de la desalinizadora de Cabo San Lucas, el proyecto de desalación a realizarse en Guaymas, Sonora, e incluso la desalinizadora que opera en Carlsbad, California.
Sobre las recientes declaraciones de algunos actores políticos sobre la creación de empresas que realizarán los proyectos de APPs, justo antes de la firma de los contratos respectivos, la SIDUE informó que ésto es un requisito en la Ley de APPs.
El consorcio ganador de la licitación debe formar una empresa cuyo objetivo específico sea llevar a cabo las actividades necesarias para desarrollar el proyecto respectivo (Artículo 80 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California).
De esta manera, previene que los proyectos de APP sean afectados en su ejecución por circunstancias internas de las empresas ganadoras.
Finalmente, el Gobierno del Estado reitera que se encuentra en entera disposición de continuar el camino del diálogo con los diversos sectores de la sociedad sobre estos y cualquier otro tema, ya que el interés mayor es el bienestar de las familias bajacalifornianas y continuar el crecimiento económico del Estado.