PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA SE DECLARA AUTÓNOMO A TRAVÉS DE POSICIONAMIENTO PÚBLICO

0
154
  • Ante los intentos de Bonilla por controlar dicha instancia.

Mexicali, B.C. a 07 de septiembre de 2020

Como representante del Poder Judicial del Estado, me dirijo a ustedes para compartir lo siguiente:

El Poder Judicial, es una institución que por deber y convicción asume la responsabilidad de impartir justicia, lo hemos hecho en forma imparcial, conscientes del alto honor que representa, porque es aquí, donde Jueces y Magistrados resuelven los conflictos a través de una actuación, basada en principios, valores y acatamiento a la legalidad, con el auxilio del personal administrativo.

Nuestra capacidad y conocimiento están centrados en atender al justiciable.

El Poder Judicial del Estado es absolutamente ajeno a cualquier diferendo político. Actúa con imparcialidad frente a los casos que debe resolver.

Las sentencias no se escriben con los colores de los partidos políticos, sino en hoja blanca y tinta negra, contraste nítido representativo de la imparcialidad y del compromiso firme del deber ser.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia se integra por 17 magistrados. Estos magistrados son designados en forma objetiva en atención a sus méritos. Para ser nombrado magistrado se emite una convocatoria a un concurso abierto a cualquier profesional del derecho que reúna los requisitos que marca la Constitución del Estado.

El Pleno de magistrados del Tribunal, de ninguna manera tiene influencia en las designaciones de magistrados, tal  corresponde al  Congreso del Estado de una lista de profesionistas que aprueben todas las etapas del concurso de oposición.

Debo mencionar que todos los magistrados numerarios del Tribunal cuentan con una carrera en la administración de justicia mínima de 25 años, fueron jueces en su totalidad y son especialistas en la aplicación de la norma, por  tanto, su designación se basó en parámetros objetivos en atención a las cualidades de cada uno de ellos.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura es un órgano de auxilio en la administración de justicia, fundamental para el funcionamiento jurisdiccional; representa el trabajo de Consejeros y personal auxiliar de diversas áreas administrativas indispensables en el organigrama institucional, por lo que se convierte en un instrumento destinado a fortalecer la autonomía del sistema judicial.

En relación con los cambios de forma y fondo enviados al Congreso de Baja California, donde se modifica el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y la desaparición del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial del Estado ejecutará las acciones necesarias para preservar la autonomía e independencia de la institución.

El Poder Judicial tiene en su ADN la imparcialidad. Para garantizarla, es menester la independencia, de ahí que la defienda con ímpetu, firmeza e irrenunciabilidad.

El Poder Judicial es tan fuerte como su misión.

Sabemos que el Poder Judicial requiere ser fortalecido y que debemos ser eficientes y eficaces, que la demanda de justicia de la sociedad es mayor a la capacidad que actualmente tenemos y por ello, desde hace varios años, hemos acudido al Congreso del Estado con la esperanza de encontrar eco en los Legisladores y en el Ejecutivo para que se nos asigne un presupuesto digno y acorde a las necesidades del servicio; sin embargo, no hemos obtenido una respuesta que efectivamente permita un crecimiento real del Poder Judicial. No cejaremos por deber y lealtad a la institución.

Para finalizar, el Poder Judicial, sostiene una postura histórica de respeto al Ejecutivo y Legislativo, para continuar en una relación coordinada y armónica, en beneficio de la sociedad bajacaliforniana, sin embargo, el deber histórico demanda preservar la independencia del Poder Judicial con el único fin de mantener el equilibrio institucional, un equilibrio que no debe ser alterado bajo ninguna circunstancia, porque está de por medio una autonomía inalienable al proceso de impartición de justicia.

Hay que cerrar la puerta a retrocesos que no abonen a un Estado democrático antes que la historia nos lo demande.