Desaparece Comisión Estatal de Servicios Públicos

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  • Nace la Secretaria para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua
  • La paraestatal con mayor poder de recaudación en BC pierde posición al convertirse en secretaría

Mexicali BC, 08 de mayo de 2020.- La paraestatal con mayor poder de recaudación en Baja California pierde posición al convertirse en secretaría, de acuerdo a la aprobación del proyecto de dictamen que la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos (CERH) del Congreso local, que preside el diputado Elí Topete Robles, aprobara con 5 votos a favor, 2 abstenciones y uno en contra, mismo que contiene una iniciativa de propuesta por el Poder Ejecutivo estatal, que reforma la Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado y otros ordenamientos legales, a fin de crear la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo manifestó que “la realidad en Baja California es que las fuentes de abastecimiento de agua son limitadas, por lo que tanto su manejo y uso requieren que las actividades que se desarrollan en torno de la misma adquieran el sentido de sustentabilidad. Sin lugar a dudas, el problema más notable dentro del estado de Baja California es el proceso de agotamiento y deterioro que padecen sus cuencas y acuífero, por lo que es de vital importancia brindarle la atención necesaria para evitar que éste se agudice”.

Sin embargo, durante la administración pasada fue evidente que el principal problema con esta dependencia radicaba en el deterior de los canales de suministro, no así en el agotamiento del acuífero, de ahí que en el último año de dicha administración se estuvieran estableciendo cortes anunciados del vital líquido en diferentes zonas del estado, con el fin de reparar y remozar los canales de suministro del vital líquido.

Volviendo a la iniciativa avalada este día, esta misma establece que la Secretaría será “la dependencia responsable de diseñar y coordinar la política pública en materia de gestión de recursos hídricos del Estado, así como fomentar el uso racional del agua”, pero a dónde irá a parar el recurso anual por recaudación de suministro de agua y qué destino le darán, cuál será el costo real para los usuarios, se impondrá a la población un impuesto sorpresa sobre el uso del vital líquido, como lo ha venido acostumbrando la presente administración.

Agregó que los problemas hídricos exigen una solución urgente, y que sólo si se le da una mayor importancia al agua y se asignan suficientes recursos para llevar a cabo las acciones contundentes para la protección de este recurso vital, será posible frenar la creciente problemática y mejorar la calidad de vida de la población. Indicó que, por ello, la administración estatal advierte la necesidad de contar dentro de su estructura con una dependencia dedicada especialmente a la vigilancia y protección del agua en Baja California.

Por otro lado, dicha secretaría dispone que será la encargada de planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reúso que correspondan al Estado, así como los sistemas de las mismas, por si o a través de las entidades paraestatales del Sector a su cargo.

Asimismo, mediante la iniciativa se pretende que la Secretaría dirija la administración y operación de los organismos operadores del agua, encargados de prestar los servicios de conducción, saneamiento, comercialización, tratamiento y desalinización, bajo las figuras de organización que la propia Secretaria considere más conveniente y autorizada por las instancias legales y políticas correspondientes.

Lo anterior, con el propósito de que se dé un uso racional a la misma, priorizando siempre el uso doméstico por encima de intereses económicos de las empresas locales y transnacionales.

En la sesión fueron incorporadas y aprobadas unas adendas a la iniciativa. La primera presentada por el diputado Juan Meléndrez Espinoza, por la cual se le da certeza jurídica a las concesiones de riego que tienen los agricultores; otra de la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, mediante la que se establece que se promoverán nuevas fuentes y sistemas de abastecimiento, disminuyendo los daños ambientales y los costos en la producción de nuevas fuentes de agua.